La medida abre nuevamente la puerta a la fumigación aérea como estrategia contra los cultivos de coca en Colombia, aunque el Gobierno deberá cumplir las condiciones ambientales y sanitarias establecidas por la Corte Constitucional.
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella expidió un decreto mediante el cual levantó la prohibición que durante los últimos años había limitado la utilización de la aspersión aérea para combatir los cultivos de uso ilícito en Colombia.
La decisión representa un giro en la política antidrogas del país y responde a la promesa del mandatario de fortalecer las operaciones de erradicación frente al crecimiento de los cultivos de coca y las estructuras criminales que se benefician del narcotráfico.
Sin embargo, el decreto no implica que el Gobierno pueda iniciar de manera inmediata fumigaciones aéreas con glifosato sin restricciones. La Corte Constitucional ha establecido una serie de condiciones relacionadas con la protección de la salud, el medio ambiente, la participación de las comunidades y la vigilancia de los posibles impactos de las aspersiones.
El glifosato vuelve al centro de la discusión
La posibilidad de retomar las aspersiones ha reabierto uno de los debates más polémicos de la política antidrogas colombiana: el uso del glifosato para destruir cultivos de coca.
Aunque inicialmente se ha relacionado la decisión gubernamental con el regreso de la fumigación aérea, el Ejecutivo ha señalado que su estrategia no necesariamente contempla utilizar glifosato. El Gobierno estudia alternativas, entre ellas el glufosinato de amonio, para desarrollar un plan piloto que permita evaluar su efectividad y sus posibles impactos.
La discusión llega en un momento en que las autoridades buscan aumentar la capacidad de erradicación de cultivos ilícitos y debilitar las finanzas de los grupos armados y organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Una decisión que genera controversia
El anuncio ha provocado reacciones de diferentes sectores políticos, ambientales y sociales. Sus defensores consideran que la aspersión aérea puede convertirse nuevamente en una herramienta para enfrentar grandes extensiones de cultivos ilícitos en zonas de difícil acceso.
Sus críticos, por el contrario, advierten sobre los posibles efectos de los herbicidas sobre la salud de las comunidades, las fuentes de agua, los ecosistemas y los cultivos legales.
De esta manera, el nuevo decreto marca un cambio significativo en la estrategia de lucha contra las drogas del Gobierno de Abelardo de la Espriella, pero su aplicación estará condicionada por los controles judiciales, ambientales y sanitarios que permanecen vigentes.
El debate ahora se centra en qué sustancia será utilizada, dónde se realizarán las aspersiones y bajo qué protocolos se desarrollará el programa de erradicación aérea.
