La discusión volvió al centro del debate económico tras la reforma pensional impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro. Mientras la Ley 2381 de 2024 permanece suspendida, expertos y organismos fiscales han advertido sobre el costo que representa el sistema pensional para el Estado.
El sistema de pensiones colombiano enfrenta uno de sus mayores desafíos: garantizar que millones de trabajadores puedan recibir una pensión en el futuro sin que el gasto termine generando una presión fiscal difícil de sostener.
La preocupación, sin embargo, no nació con la reforma pensional de 2024. Un estudio del Banco de la República ya advertía que, bajo las reglas existentes, el envejecimiento de la población y los subsidios implícitos del régimen de prima media aumentarían considerablemente la carga fiscal durante las próximas décadas. Según ese análisis, la carga fiscal podría multiplicarse 2,3 veces hacia 2050 y triplicarse hacia 2080 frente a los niveles de referencia utilizados en el estudio.
¿Cómo funciona actualmente el sistema?
El sistema general de pensiones tiene dos grandes regímenes:
1. Régimen de Prima Media —Colpensiones—
Es un sistema de fondo común. Los aportes de los trabajadores y sus rendimientos contribuyen a financiar las prestaciones de los pensionados. El Estado garantiza el pago de las obligaciones reconocidas bajo este régimen.
Con las reglas vigentes, la edad ordinaria de pensión es de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres.
En cuanto a las semanas, la regla general histórica es de 1.300 semanas, aunque para las mujeres existe una reducción progresiva derivada de una decisión de la Corte Constitucional. La normativa publicada en SUIN señala que desde 2026 se reduce el requisito femenino en 50 semanas y posteriormente en 25 semanas por año hasta llegar a 1.000 semanas.
2. Régimen de Ahorro Individual —fondos privados—
En este régimen, cada trabajador construye su ahorro pensional mediante sus aportes y los rendimientos generados por esos recursos. El monto de la pensión depende principalmente del capital acumulado.
Por eso, a diferencia de Colpensiones, no funciona exactamente con el mismo requisito de 1.300 semanas para financiar una pensión con el ahorro acumulado.
¿Qué planteaba la reforma de Petro?
La Ley 2381 de 2024 creó un nuevo sistema estructurado en cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario. En el pilar contributivo, los aportes se dividirían entre un componente administrado por Colpensiones y otro de ahorro individual.
Uno de los cambios centrales consistía en que las cotizaciones correspondientes a ingresos de hasta 2,3 salarios mínimos irían al componente de prima media administrado por Colpensiones, mientras que los ingresos superiores continuarían teniendo un componente de ahorro individual en entidades privadas.
La reforma también contemplaba un Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, diseñado para acumular recursos durante los primeros años y ayudar a financiar obligaciones futuras.
¿Dónde aparece la preocupación fiscal?
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, CARF, ha señalado que la reforma tiene un impacto fiscal significativo. En un análisis de 2025 estimó que los pilares contributivo y semicontributivo podrían representar un costo en valor presente cercano al 100 % del PIB hacia 2100, aunque existen elementos de la reforma cuya reglamentación y aplicación todavía dependen de decisiones posteriores.
En otro análisis, el CARF estimó que, si la reforma entra en funcionamiento, podría generar un impacto fiscal adicional de hasta 0,4 % del PIB anual por los pilares solidario y semicontributivo, mientras que el efecto definitivo del pilar contributivo dependerá, entre otros aspectos, de las reglas sobre las denominadas cuentas generacionales.
Esto no significa que el sistema vaya necesariamente a colapsar. Significa que el costo futuro de las pensiones es un problema fiscal que tendrá que ser financiado y administrado durante décadas, especialmente en una sociedad que está envejeciendo.
¿Y qué pasó finalmente con la reforma?
Aunque la reforma fue aprobada por el Congreso y sancionada como Ley 2381 de 2024, su entrada en vigencia fue suspendida por la Corte Constitucional mientras se resuelve definitivamente su constitucionalidad.
Por eso, hablar hoy de la reforma como si todas sus disposiciones ya estuvieran plenamente vigentes sería impreciso.
El verdadero interrogante para Colombia es cómo garantizar pensiones dignas para una población que envejece, ampliar la cobertura y, al mismo tiempo, evitar que el costo recaiga de manera creciente sobre las finanzas públicas y las futuras generaciones.
Una pregunta que queda abierta
¿Colombia podrá garantizar las pensiones de las próximas generaciones sin aumentar de manera considerable la carga fiscal del Estado?
