Un nuevo escándalo sacude a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), organismo adscrito a la Presidencia de la República, luego de que se conocieran documentos internos que revelarían una serie de presuntas irregularidades cometidas durante el gobierno de Gustavo Petro.
Las revelaciones, conocidas a través de investigaciones periodísticas de Noticias Caracol, apuntan a una posible utilización de las capacidades de inteligencia del Estado para realizar seguimientos a dirigentes políticos, intervenir comunicaciones y desarrollar operaciones informáticas que habrían tenido como objetivo afectar el proceso electoral de 2026.
Uno de los señalamientos más delicados está relacionado con un supuesto plan para instalar micrófonos y dispositivos de geo localización GPS en los vehículos destinados a los esquemas de seguridad de ex presidentes y ex vicepresidentes de Colombia. Según un informe reservado de 26 páginas, elaborado en julio de 2026 por funcionarios de la propia entidad, una fuente humana habría advertido sobre la intención de acondicionar esos automotores con equipos de vigilancia.
La preocupación aumenta porque, mediante el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, el Gobierno incorporó a la DNI entre las entidades que participarían en la asignación de vehículos para los esquemas de protección de los antiguos mandatarios. Los documentos plantean interrogantes sobre el verdadero propósito de esa participación y si se pretendía utilizar la infraestructura de protección para realizar actividades de seguimiento.
PRESUNTAS INTERCEPTACIONES Y SEGUIMIENTOS A LA OPOSICIÓN
Las denuncias no son nuevas. Durante los últimos meses también se han conocido cuestionamientos sobre posibles interceptaciones telefónicas y elaboración de perfiles de dirigentes políticos y personas críticas del Gobierno.
Uno de los episodios involucra al candidato y hoy presidente Abelardo de la Espriella. En abril de 2026, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar de la DNI, luego de conocerse información sobre presuntas interceptaciones a una conversación suya con los hermanos Bautista, directivos de la empresa Thomas Greg & Sons.
En ese procedimiento, el Ministerio Público anunció inspecciones y la práctica de pruebas para establecer si existió una orden judicial que autorizara dichas interceptaciones. Incluso, solicitó escuchar al entonces director de inteligencia de la entidad, Wilmar Mejía, quien habría manifestado que las interceptaciones sí existieron, pero que se realizaron bajo autorización judicial.
La investigación deberá establecer si se respetaron los procedimientos legales o si se utilizaron indebidamente las capacidades de inteligencia del Estado.
ALERTAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS INFORMES DE INTELIGENCIA
En medio de estas controversias también cobra relevancia el pronunciamiento del exfiscal general de la Nación Alfonso Gómez Méndez, quien en su columna titulada Los informes de inteligencia, publicada en abril de 2026, cuestionó la utilización de información reservada para formular señalamientos contra personas y organizaciones sin que necesariamente existan pruebas judiciales que los respalden.
Gómez Méndez advirtió sobre los riesgos de confundir la inteligencia destinada a proteger la seguridad del Estado con actividades relacionadas con intereses políticos o particulares.
El exfiscal también cuestionó que desde la Presidencia se divulguen acusaciones sustentadas en supuestos informes de inteligencia sin precisar quién obtuvo la información, bajo qué autorización y cuáles son las pruebas que respaldan los señalamientos.
Su reflexión cobra especial importancia frente a las nuevas revelaciones sobre el funcionamiento de la DNI y la necesidad de establecer responsabilidades individuales e institucionales.
¿INTENTO DE INTERFERIR EN LAS ELECCIONES?
Otro de los capítulos más delicados tiene que ver con Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero de sistemas que ingresó a la DNI en febrero de 2024.
Según los documentos internos conocidos por Noticias Caracol, Oyola habría participado en actividades informáticas y coordinaba una red de hackers que presuntamente tendría como objetivo atacar los sistemas de la Registraduría Nacional para alterar los resultados de las elecciones presidenciales de 2026.
El informe también señala que el funcionario habría participado en ataques informáticos contra entidades estatales y que parte de la información obtenida habría sido almacenada en una nube, donde posteriormente se habría perdido.
Uno de los aspectos más cuestionados es que Oyola tenía una orden de captura expedida por un juez el 7 de mayo de 2026 y, pese a ello, habría continuado vinculado a la DNI durante varios meses.
El pasado 6 de noviembre fue capturado en Neiva por unidades del Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía, en una investigación relacionada con presuntos ataques informáticos contra la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y otras entidades.
Entre los delitos que se investigan aparece concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, falsedad material en documento público y fraude procesal. También se han mencionado posibles conductas relacionadas con espionaje informático y afectación de información electoral, asuntos que deberán ser esclarecidos por las autoridades judiciales.
CONTRATOS POR MÁS DE 20.783 MILLONES DE PESOS BAJO LA LUPA
A las denuncias sobre presunto espionaje se suma un nuevo frente de cuestionamientos por el manejo de los recursos públicos. La Contraloría General de la República ordenó una revisión prioritaria de cinco contratos de la DNI cuyo valor supera los 20.783 millones de pesos.
Las actuaciones buscan establecer posibles sobrecostos, incumplimientos contractuales, fallas técnicas y eventuales daños al patrimonio público. Los negocios que serán examinados figuran adquisiciones de tecnología, equipos antidrones, sistemas de identificación biométrica, computadores y un helicóptero no tripulado cuyo costo se aproximaría a los 9.000 millones de pesos.
La revisión también pretende establecer si los equipos adquiridos cumplieron las especificaciones contratadas, si realmente entraron en funcionamiento y cuál fue el destino de los recursos comprometidos. Por ahora, la decisión de la Contraloría corresponde a una actuación de vigilancia y control fiscal y no significa que se haya demostrado la existencia de un detrimento patrimonial o de hechos de corrupción.
LOS DELITOS QUE PODRÍAN ESTAR EN JUEGO
De comprobarse las conductas denunciadas, las autoridades tendrían que establecer posibles responsabilidades penales y disciplinarias. Entre los delitos que podrían entrar en consideración, dependiendo de las pruebas y de la participación de cada persona, se encuentran: Violación ilícita de comunicaciones: por interceptar comunicaciones privadas sin autorización legal. Acceso abusivo a un sistema informático: por ingresar sin autorización a plataformas o bases de datos protegidas.
Abuso de autoridad: si funcionarios utilizaron sus cargos y facultades para realizar actuaciones contrarias a la ley.
Violación de datos personales: si se recolectó, utilizó o divulgó información privada de manera ilegal.
Concierto para delinquir: si se demuestra la existencia de acuerdos entre varias personas para cometer delitos.
Constreñimiento al sufragante o delitos contra los mecanismos de participación democrática: si se acredita que existieron actuaciones encaminadas a afectar ilegalmente la libertad del voto o el proceso electoral.
La eventual configuración de estos delitos dependerá de las investigaciones de la Fiscalía y de las decisiones de los jueces. La Ley 1621 de 2013 establece límites a las actividades de inteligencia y contrainteligencia, que no pueden utilizarse para perseguir objetivos políticos ni vulnerar derechos fundamentales.
CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ Y SU SITUACIÓN JUDICIAL
En este contexto también vuelve a aparecer el nombre de Carlos Ramón González, quien fue uno de los primeros directores de la DNI durante el gobierno de Gustavo Petro y posteriormente estuvo al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE).
González permanece en Nicaragua, donde recibió asilo político, mientras enfrenta un proceso judicial relacionado con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La orden de captura en su contra continúa vigente. En septiembre de 2026, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó su prórroga por un año, mientras las autoridades judiciales avanzan en el proceso.
La Fiscalía lo señala de su presunta participación en el direccionamiento de contratos y entrega de sobornos a congresistas a cambio de respaldar iniciativas gubernamentales. Los delitos atribuidos en ese expediente incluyen cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
Es importante precisar que este proceso corresponde al caso UNGRD y no constituye, por sí mismo, una condena ni una demostración de responsabilidad penal en las nuevas denuncias relacionadas con la DNI.
UN ESCÁNDALO QUE EXIGE RESPUESTAS
Las revelaciones sobre la Dirección Nacional de Inteligencia plantean interrogantes de enorme trascendencia institucional: ¿quién impartió las supuestas órdenes de seguimiento a ex presidentes y dirigentes políticos?, ¿quién autorizó la adquisición y utilización de equipos de vigilancia?, ¿qué ocurrió con los recursos invertidos en tecnología que presuntamente nunca funcionó?, ¿existieron instrucciones para interferir en los resultados electorales?
También será necesario establecer qué conocimiento tuvieron los anteriores directores de la entidad y si hubo funcionarios que, teniendo información sobre posibles actividades ilegales, omitieron denunciarlas.
Lo cierto es que los organismos de inteligencia deben estar al servicio de la seguridad nacional y no convertirse en instrumentos para vigilar adversarios políticos, intervenir procesos democráticos o vulnerar los derechos de los ciudadanos.
La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría tienen ahora la responsabilidad de esclarecer los hechos, identificar a los posibles responsables y determinar si desde una institución del Estado se utilizaron recursos públicos y capacidades de inteligencia para fines distintos a los establecidos por la Constitución y la ley.
