La situación de seguridad y de orden público en el país es una de las principales preocupaciones de los colombianos y por eso se convirtió en uno de los puntos centrales de la campaña por la presidencia de la república.
Detrás de estos hechos están los grupos armados ilegales que, según se calcula en un informe del Servicio de Inteligencia del Estado, han crecido en número. En 2021 se redujeron 13%, pero en 2022 comenzaron a aumentar 15%, luego 21%. El primer semestre de 2025 crecieron 38% hasta llegar a diciembre con un total de 27.367 efectivos.
Casi se duplicaron, pasaron de 15 mil en 2022 a 27 mil en 2025. En resumen serían 12.247 nuevos integrantes armados y de redes de apoyo que están en el Clan del Golfo, el grupo criminal que más creció, le sigue el ELN y las diferentes facciones de las disidencias de las FARC. Además, dice el informe de inteligencia que estos grupos se expandieron y hoy tendrían presencia en al menos el 36% del país.
Grupos financiados por la minería ilegal y el narcotráfico.
Precisamente hoy en el país hay 253 mil hectáreas sembradas con coca, según el reporte del Sistema CINCI de Naciones Unidas, extensión que equivale a 14.457 estadios como el Campín de Bogotá. Por estas cifras, Estados Unidos desertificó a Colombia en la lucha contra las drogas.
Además, el reporte señala que la producción potencial de cocaína en Colombia creció en 53% con 2.664 toneladas métricas en 2024. A finales de junio, Naciones Unidas entregará un nuevo informe, pero la estrategia de erradicación también cayó. Según el Ministerio de Defensa, en 2022 fueron erradicadas manualmente más de 68.800 hectáreas y en 2025 fueron 8.051.
Este año llevan alrededor de dos mil 700, pero mientras los grupos y sus negocios ilícitos como el del narcotráfico aumentaron, las fuerzas militares se redujeron. Un informe de la Procuraduría indica que en el 2022 este gobierno recibió 291.261 militares en las tres fuerzas Ejército, Armada y FAC. Tres años después, para febrero de 2025, se redujeron en un 24 por ciento, es decir, 71.334 soldados menos.
La otra cara de los problemas de orden público está en el terrorismo.
Según el Ministerio de Defensa, en 2023 se presentaron 839 casos, en 2025 se registraron 1.398 y en lo corrido de 2026 ya hay un aumento del 3%. Las masacres registran un aumento del 64% en lo que va de este año, pero en los últimos cuatro se registraron 412 masacres con 1.147 víctimas.
El secuestro que según el mismo Ministerio de Defensa iba en descenso en 2022, comenzó a aumentar y de 2024 a 2025 hubo 701 secuestros y a abril de este año la cifra va en 143 casos. Ante este panorama los candidatos tienen programas opuestos. Abelardo de las Priella plantea poner en marcha el modelo Plan Colombia 2 para erradicar el narcotráfico con fumigación aérea y el crimen con apoyo internacional y una ofensiva militar y policial.
Plantea soportar todo con tecnología, inteligencia del Estado y con garantías jurídicas a la Fuerza Pública para capturar cabecillas de alto valor y recuperar las zonas que están bajo el dominio de estructuras armadas.
Iván Cepeda propone un cambio cultural y político frente al conflicto en nuestro país, señala que Colombia necesita una revolución ética para desmontar la normalización de la violencia y la deshumanización producida por décadas de guerra. Para hacerlo realidad plantea en su plan de gobierno primero un acuerdo nacional que lleve a la reconciliación y justicia social y segundo la paz como una salida dialogada y política a los conflictos sociales y armados. Hay mucha autocrítica en un modelo que al parecer es el causante de la expansión de los grupos insurgentes, evidentemente si tiene una participación importante y si no hay modificaciones de fondo parece difícil que hayan resultados efectivos.
Existen grupos con escasa o ninguna motivación política, economías ilegales muy rentables y disputas territoriales que no se resuelven únicamente mediante procesos de diálogo. De izquierda o de derecha, analistas coinciden en que el gobierno entrante tendrá que recomponer la estrategia de seguridad para generar efectos de contención de estos grupos ilegales y protección de las comunidades que han quedado en medio del conflicto.
