La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, aprovechó la realización de la Cumbre Global de Seguridad para enviar un mensaje directo a las organizaciones criminales que operan en el departamento, asegurando que las autoridades no permitirán que la violencia y la intimidación se impongan sobre la población.
Durante el encuentro, que tuvo lugar en el Hotel Santamar de Santa Marta, la mandataria fue enfática al afirmar que su administración continuará enfrentando a las estructuras armadas ilegales que afectan la seguridad del territorio.
«No nos van a doblegar. No vamos a permitir que nos maten, nos extorsionen ni nos sometan», expresó la gobernadora, en referencia a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como Los Pachencas, y a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también identificadas como el Clan del Golfo.
Guerra destacó que combatir delitos como la extorsión, el narcotráfico y los homicidios requiere un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Nacional, la Fuerza Pública, las administraciones municipales, el sector empresarial, los gremios y la ciudadanía.
Uno de los anuncios más relevantes de la jornada fue el compromiso del sector empresarial, que destinará 1.000 millones de pesos para fortalecer las acciones encaminadas a mejorar la seguridad y la convivencia en el departamento.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Marta, Carlos Jaramillo, respaldó la estrategia liderada por la Gobernación y confirmó que la entidad compartirá con las autoridades la información correspondiente a 29.119 empresas registradas en 25 municipios, con el propósito de apoyar las labores de inteligencia y facilitar la planeación de operativos.
Asimismo, el dirigente gremial propuso reactivar y ampliar los frentes de seguridad ciudadana que en años anteriores funcionaron en Santa Marta, además de fortalecer los mecanismos de denuncia para que comerciantes y empresarios puedan reportar casos de extorsión con mayores garantías de confidencialidad.
Finalmente, hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que las denuncias presentadas por la ciudadanía se traduzcan en investigaciones y judicializaciones efectivas, permitiendo que las capturas realizadas por la Fuerza Pública tengan un impacto real en la reducción de delitos que afectan a los magdalenenses.
