La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, recopiló pruebas que dan cuenta de una directriz impuesta por los máximo cabecillas de las extintas Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC) a las diferentes estructuras armadas a su cargo: identificar y actuar violentamente en contra de toda persona que, en su concepto, se opusiera o denunciara las actividades delictivas que realizaban en la región, por presuntamente colaborar con grupos armados y por control social del territorio.
En cumplimiento de esa instrucción criminal, 15 personas fueron asesinadas y dos más desaparecidas, entre ellas una joven de 16 años de quien a la fecha se desconoce su paradero, en hechos ocurridos entre 2003 y 2004 en Villanueva, Monterrey, Aguazul y Yopal (Casanare).
Héctor Germán y Nelson Orlando Buitrago Parada, conocidos como ‘Martín Llanos’ y ‘Caballo’, respectivamente; Josué Darío Orjuela Martínez, alias Solín; y Héctor Gregorio Hernández León, alias Pocholo, jefes principales de la ACC aceptaron por línea jerárquica en el grupo armado ilegal estos eventos delictivos y se acogieron a sentencia anticipada.
En ese sentido, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal (Casanare) condenó a los hermanos Buitrago Parada y a Orjuela Martínez a 26 años y 8 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada; y a Hernández León a 17 años y 11 meses de prisión por homicidio agravado.
Adicionalmente, el fallo impuso el pago de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales a favor de los familiares de cada víctima.
