Desde que inició la polémica generada por las decisiones tomadas por la cancillería de entregar la licitación de los pasaportes a la firma Thomas Greg & Sons, se ha generado una crisis en la entrega de pasaportes en el país, por este hecho el presidente Gustavo Petro declaro insubsistente al ex secretario general de la entidad José Antonio Salazar; sin embargo, en todo un lio jurídico se ha convertido el proceso de contratación del que ahora se encuentra incierto.
La Cancillería anunció que quedaron sin sustento legal las actuaciones que había realizado el ex secretario general de la entidad José Antonio Salazar. “Una vez realizados los análisis jurídicos correspondientes, hemos revocado las resoluciones expedidas por el anterior Secretario General de la Cancillería, las cuales fueron emitidas por fuera de todo marco legal. Esto, en aras de garantizar el principio de legalidad y los principios constitucionales de la función administrativa”, informó la entidad.
Las denuncias interpuestas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado están enfocadas en que se investigue la presunta comisión de delitos que se hayan generado por la expedición de estos actos administrativos. En este sentido la cancillería insiste en que, el servicio de pasaporte en Colombia y el Exterior está garantizado y que la empresa que en la actualidad tiene el contrato de producción de los mismos, cumplirá con la contratación hasta el 2 de octubre de 2024, fecha en la que culmina el tiempo contratado y la empresa lo hará sin contratiempos.
Al tiempo en que desarrolla la controversia, avanza un nuevo proceso de licitación “se culminará la revisión integral en curso, para definir la mejor opción que permita contratar un nuevo servicio de expedición de pasaportes con adecuado soporte técnico, tecnológico y financiero, a partir de octubre”, firmó la cancillería.
