La población es la prioridad en el proceso de paz con las disidencias de las FARC.

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El comisionado de Paz del Gobierno Nacional Danilo Rueda insistió que, para que existan garantías en las mesa de negociación con las disidencias de las FARC, es necesario que se tenga en cuenta de primera mano el respeto por los derechos humanos de la población civil que se encuentra en medio del conflicto, para esto es necesario hacer un recorrido por los territorios con el fin de recolectar información que permita la generación de un diagnóstico de cara a lo que verdaderamente se vive en el conflicto armado y la responsabilidad directa con las víctimas.

El Gobierno insiste que la población debe salir bien librada en las negociaciones de paz y debe ser un punto prioritario para las partes, así también lo ha comprendido el grupo insurgente al mando de alias “Mordisco”, es por esto que es necesario mostrar resultados de manera inmediata con relación a los acuerdos de paz, afirmó Rueda.

Prematuramente se están llevando a cabo unas pre-mesas de trabajo con voceros de las disidencias en los que se espera asumir unos compromisos entre las partes para llegar a unos acuerdos que permitan la posibilidad de instalar mesas de conversación de manera oficial en un ambiente de lo más sano posible.

“Estamos convencidos de que lo vamos a lograr, hay temas estructurales que evidentemente no se resuelven en semanas, pero hay unos asuntos procedimentales y sustanciales que podemos desarrollar en esta pre-mesa, insisto que tienen como foco la protección y el respeto a los derechos de los ciudadanos”. Afirmó el Comisionado para la Paz, Danilo Rueda,

De la misma manera el comisionado afirmó que hay un espacio de respeto y confianza con las disidencias que lidera ‘Iván Mordisco’, pero lo más importante es que está presente la participación de las comunidades que, se consideran la columna vertebral para llegar a decisiones benéficas.

El reto del Gobierno está centrado de que la presencia ofensiva de las disidencias de las Farc que está presente en 18 departamentos, 180 municipios del suroccidente del país y sectores fronterizos se sometan a un proceso de paz que sea garante para las partes para la terminación del conflicto bélico.

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