Los fallos benefician a familias de cinco municipios bolivarenses y vinculan la acción de entidades del Sistema Nacional de Atención a Víctimas para que la reparación integral de los afectados se materialice bajo criterios transformadores y diferenciales.
Los Juzgados Especializados en restitución de tierras de El Carmen de Bolívar notificaron en el último mes ocho sentencias que benefician a nueve familias campesinas víctimas de desplazamiento forzado de predios ubicados en los municipios de San Estanislao de Kotska, María La Baja, Zambrano, San Jacinto y San Juan Nepomuceno.
Las familias a las que la justicia les reconoció sus derechos patrimoniales y de reparación integral se vieron obligadas a abandonar sus tierras como consecuencia de la violenta disputa territorial entre grupos guerrilleros y de autodefensas en zonas rurales del departamento de Bolívar. También se amparó a campesinos que abandonaron sus predios luego de las masacres de Las Palmas y la vereda Las Brisas, perpetradas por paramilitares en los municipios de San Jacinto y San Juan Nepomuceno, respectivamente.
El director de la Unidad de Restitución de Tierras para Bolívar y Sucre, Mauricio Martínez Rivillas, destacó las medidas con perspectiva de género emitidas en estas sentencias, órdenes judiciales que garantizarán a las mujeres víctimas reconocidas una atención con enfoque diferencial por parte de las entidades intervinientes en el proceso de restitución.
“Sigue siendo la subregión de los Montes de María una de las zonas con mayor número de sentencias en el departamento y, en este caso, se reconoce directamente la titularidad a 4 mujeres cabeza de hogar, así como la titularidad compartida con sus cónyuges a otras dos beneficiarias”, informó el funcionario.
La Unidad de Restitución de Tierras adelantará la socialización de los fallos con los núcleos familiares restituidos y pondrá en marcha acciones para impulsar y hacer seguimiento al cumplimiento de las órdenes dadas por los jueces a la URT y otras entidades, esto con el propósito de que las víctimas en su retorno puedan acceder a otros beneficios como vivienda, generación de ingresos, servicios públicos, saneamiento básico, salud y educación.
“Estas son necesidades de la población campesina y la política de restitución de tierras es un eje fundamental para atraer y poder garantizar el acceso a otros derechos de contenido social que son los que van a ver reflejado una región que supere sus condiciones de pobreza y vea el campo como un escenario próspero de vida” destacó el directivo en el territorio.
El funcionario reiteró que el compromiso de la URT en el Gobierno del Cambio es trabajar articuladamente con todo el Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas para lograr un retorno sostenible y en condiciones de vida digna.
