Los exfuncionarios Olmedo López y Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López se habrían apropiado de cerca de 9 mil millones de los 14.163 millones de pesos a los que ascendió el sobrecostos en la compra de 40 carrotanques para el suministro de agua potable para La Guajira.
Al revelar la gravedad y gran parte de los alcances de la organización criminal de la que habrían sido protagonistas, la Fiscalía General de la Nación sustentó ante el Juez 35 con Función de Control Garantías de Bogotá la urgencia y necesidad de imponer una medida privativa de la libertad en centro de reclusión, contra los tres primeros judicializados por el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
La petición, formulada por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, afecta al exdirector de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez; al exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y el contratista Luis Eduardo López Rosero.
“La solicitud no se basa en simples sospechas carentes de respaldo. Por el contrario, existen suficientes elementos de juicio que, sometidos al criterio de la razonabilidad, sirven al propósito de fundamentar la medida de aseguramiento solicitada” aseguró la fiscal del caso. Durante la audiencia, el grupo de fiscales a cargo de la investigación presentó los elementos probatorios que respaldan la medida de aseguramiento, de acuerdo al rol y grado de participación en el entramado delincuencial, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
“En lo relativo al elemento subjetivo dolo de las conductas punibles endilgadas a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, se tiene que dichos ciudadanos conocían que estaban conectándose, a través de una clara división de roles y funciones para cometer delitos contra la administración pública” afirmó la Fiscalía.
“Los imputados tenían pleno conocimiento del comportamiento exigible a aquellos quienes manejan recursos públicos, contratación pública y a quienes el Estado les ha confiado la ejecución de obras, de suministros, de servicios, mucho más aquellos dirigidos a la protección de la población en condiciones de vulnerabilidad”, agregó la Fiscal.
