La orden está dada por parte del presidente de Ecuador Daniel Noboa para que se tomen las medidas necesarias y se cumplan los procedimientos estandarizados para que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria del Estado, inicie los trámites para la repatriación de presos extranjeros, para que cumplan condena en sus países de origen.
La medida fue dictada mediante decreto ejecutivo número 139 que dispone la disposición del tren administrativo y ejecutivo para llevar a cabo la repatriación de los presos, Noboa dispuso que este trámite se sustente en la normativa vigente local e internacional, sea singularizado y que no se repatrien a colectivos.
El decreto rige que el procedimiento estará ajustado a la normativa nacional e internacional y estará liderada por los ministerios de relaciones exteriores, de la mujer, Derechos Humanos, del Interior y de Gobierno
El presidente Noboa insistió que “todo procedimiento será singularizado”, caso por caso, al dar por “prohibida cualquier repatriación de colectivos”.
El último informe emitido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el margen de población carcelaria en Ecuador es de 31.321 personas distribuidas en los 36 Centros de Privación de Libertad que existen a nivel nacional; de los cuales 3.245 presos son extranjeros, la mayoría (2.900) hombres, según el último censo penitenciario elaborado por el INEC. De acuerdo a Noboa, aproximadamente la mitad de ellos son colombianos.
La situación carcelaria en el vecino país de Ecuador atraviesa por una grave crisis, esto debido al hacinamiento, falta de recursos públicos y enfrentamientos entre bandos por el control de las cárceles, lo que ha despertado una violencia que viene en ascenso desde el año 2.020, aportando más de 450 muertos a manos de las bandas criminales al interior de las prisiones, en una espiral de violencia que también ha saltado a las calles.
El presidente Noboa le está haciendo frente a las acciones violentas por parte de los grupos criminales, colocando a disposición toda la capacidad institucional de sus Fuerzas Armadas y de investigación; a principios de este enero decretó un estado de excepción a escala nacional y a día seguido firmó un decreto que admitía “un conflicto armado interno”, teniendo como base la disposición de recursos para hacerle frente a la violencia en su país.
Para los expertos, la repatriación de los presos traerá consigo una cadena impunidad y libertad desmedida para muchos de estos peligrosos delincuentes, ya que el sistema de justicia de sus lugares de origen, en este caso Colombia, no tiene justificación para mantenerlos privados de la libertad, porque los delitos fueron cometidos en otro país y no los acoge el sistema penal colombiano.
